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Por: Carlos Manzano | El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, ha pretendido hacer de la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción uno de sus principales banderas políticas.
Sin embargo, frente a los cuestionamientos sobre el uso dado a los prestamos públicos, el manejo alegre de los recursos del Estado y las dificultades de acceso a la información, la sociedad dominicana tiene derecho a formular una pregunta incómoda para muchos: ¿estamos ante una verdadera cultura de transparencia o ante un discurso político que no se corresponde plenamente con la realidad?
La transparencia no se demuestra con discursos, anuncios publicitarios ni campañas de imagen. Se demuestra con hechos, documentos, cuentas claras y respuestas oportunas. No basta con proclamarse transparente, hay que abrir las puertas del Estado al escrutinio ciudadano y demostrar, peso por peso, cómo se administra el patrimonio de la nación.
Durante esta administración se han adquirido grandes y onerosos prestamos que comprometen los ingresos del Estado y el futuro de las próximas generaciones. Ante esta realidad, los dominicanos tienen todo el derecho de preguntar: ¿cuánto se ha tomado prestado, en qué se ha invertido ese dinero y cuáles resultados concretos ha obtenido el país?
No basta con anunciar préstamos y prometer grandes inversiones. Hay que demostrar qué obras se han ejecutado, cuáles servicios han mejorado y qué beneficios ha recibido la población. Cada dólar comprometido representa una obligación que deberá pagarse con los recursos de todos los dominicanos. Eso es transparencia.
El pueblo exige explicaciones sobre el dinero que tendrá que pagar. ¿De qué sirve proclamar transparencia si los ciudadanos encuentran portales institucionales que no funcionan adecuadamente, documentos que no aparecen o informaciones presupuestarias desactualizadas?
La existencia de una página electrónica no convierte automáticamente a una institución en transparente. La transparencia exige información completa, accesible y verificable sobre contratos, licitaciones, presupuestos y ejecución del gasto.
De igual manera, la Ley núm. 200-04 reconoce el derecho de acceso a la información pública. Ese derecho no puede reducirse a una formalidad burocrática ni depender de la influencia política de quien solicita los documentos. El erario es público y la información sobre su administración también debe estar al alcance del público, conforme a la ley.
También preocupa la efectividad de los presupuestos participativos municipales. Cuando se debilitan los mecanismos de participación o no se cumplen los compromisos asumidos con las comunidades, se limita la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre sus prioridades y vigilar las obras prometidas.
La fiscalización tampoco puede limitarse a auditorías tardías que revelen problemas cuando el daño ya está hecho. La Contraloría General de la República, y los demás órganos competentes, deben contribuir a prevenir irregularidades, detectar deficiencias oportunamente y dar seguimiento a sus recomendaciones. No basta con descubrir lo que salió mal, hay que fortalecer los mecanismos de control para evitar que ocurran.
La República Dominicana necesita menos propaganda y más rendición de cuentas, menos declaraciones triunfalistas y más información verificable, menos promesas generales y más resultados que puedan comprobarse. Necesita instituciones que respondan, controles que funcionen y ciudadanos que puedan fiscalizar sin obstáculos el patrimonio nacional.
La pregunta que debe permanecer en el centro del debate público es contundente: ¿dónde está el dinero del pueblo dominicano? ¿cómo se está utilizando y qué resultados concretos está produciendo?
Estas interrogantes no pueden despacharse como una simple crítica. Es una exigencia democrática que trasciende partidos y gobiernos. Quien administra los recursos del Estado tiene la obligación de explicar sus decisiones, publicar la información correspondiente y someterse al escrutinio de la ciudadanía.
Si el Gobierno sostiene que la transparencia constituye uno de sus principales compromisos, debe demostrarlo con hechos y no pedir que la población acepte su propia propaganda como prueba de buena gestión.
Porque los recursos públicos no pertenecen al PRM, al PLD o la FP. Pertenecen a la nación dominicana. Ningún funcionario es dueño del dinero que administra, ni ningún Gobierno puede colocarse por encima del derecho del pueblo a conocer cómo se utilizan sus recursos.
La transparencia no se proclama: se demuestra. El pueblo dominicano merece saber cómo se administra su dinero. Y ningún discurso político, por convincente que parezca, puede sustituir esa obligación.
