Antes de una reforma fiscal, el Estado debe reformarse a sí mismo

Por: José Méndez Luzón | Cada vez que se plantea una reforma fiscal, la principal preocupación de los ciudadanos es quién terminará pagando el costo. La experiencia demuestra que, en muchas ocasiones, el peso recae sobre la clase media, los trabajadores, los pequeños comerciantes y los sectores productivos. Por ello, más allá de los argumentos técnicos, toda reforma debe evaluarse por su impacto real en la vida de las familias dominicanas.

Uno de los temas más controversiales es la aplicación de amnistías fiscales a grandes deudores. Cuando se eliminan recargos e intereses acumulados durante años, miles de contribuyentes que han cumplido responsablemente con sus obligaciones sienten que se premia al incumplidor y se castiga al que paga. La confianza en el sistema tributario depende de que las reglas sean justas para todos.

También preocupa cualquier medida que afecte la competitividad de sectores estratégicos como las zonas francas, el turismo y el transporte, que generan cientos de miles de empleos. Cuando una empresa reduce operaciones o cierra, las consecuencias se extienden a toda la comunidad: se afectan los trabajadores, los colmados, las bancas de lotería, los motoconchistas y numerosos pequeños negocios que dependen de esa actividad económica.

Por otro lado, aumentar la recaudación no garantiza la solución de los problemas fiscales si no se corrigen las deficiencias en el gasto público. Mientras la población enfrenta el aumento del costo de los alimentos, el gas, los medicamentos y otros bienes esenciales, persiste la percepción de que los recursos del Estado no siempre se administran con la eficiencia y transparencia que demanda la ciudadanía.
. La mejor reforma fiscal comienza con una reforma del propio Estado.