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Por: Carlos Manzano | Algunas instituciones son creadas para administrar. Otras para ejecutar políticas públicas. Pero existen algunas cuya misión es todavía más delicada: servir de contrapeso frente al poder y convertirse en refugio institucional del ciudadano cuando siente que nadie lo escucha.
Entre ellas, pocas cargan con una responsabilidad tan simbólica y trascendental como la figura del Defensor del Pueblo.
Su razón de existir no es ocupar espacios protocolares ni acumular presencia pública. Tampoco es administrar relaciones cómodas con quienes gobiernan. Su propósito es mucho más exigente y aguerrido: vigilar, señalar, defender derechos, acompañar reclamos y representar institucionalmente la voz de quienes no tienen poder.
Por eso, resulta preocupante que cada vez más ciudadanos se hagan eco de una percepción incómoda de escuchar: que frente a muchos de los problemas que más golpean a la población dominicana, el Defensor del Pueblo parece mantenerse distante, selectivo o insuficientemente presente.
El país vive tensiones y desafíos que no necesitan explicación para quien los enfrenta todos los días: inseguridad, presión sobre el costo de vida, interrupciones en servicios básicos, dificultades en salud, desafíos educativos, incertidumbre económica y una sensación creciente de desgaste en la calidad de vida.
No son asuntos aislados ni casos individuales. Son preocupaciones colectivas que afectan a miles de familias.
Y es precisamente ahí donde surge una pregunta que empieza a repetirse con más fuerza en distintos sectores de la sociedad: ¿Dónde está la institución creada para defender al ciudadano cuando éste siente que está enfrentando solo sus dificultades?
No se trata de pedir que el Defensor del Pueblo gobierne. No se le exige sustituir ministros ni resolver por sí solo problemas históricos del Estado. Pero sí se espera algo esencial: una institución con iniciativa, con criterio independiente y con capacidad de colocar los derechos ciudadanos en el centro del debate público.
Porque defender al pueblo no significa procurar que el conflicto desaparezca, significa entrar donde el conflicto existe.
Una institución de defensa ciudadana no demuestra fortaleza por la cantidad de actividades que realiza ni por la frecuencia con que aparece en titulares. Su relevancia se mide por su disposición a intervenir donde están las preocupaciones reales de la población.
Y cuando empieza a instalarse la percepción de que la energía institucional se concentra más en casos de alto rendimiento mediático que en problemas estructurales que afectan a millones, el cuestionamiento deja de ser coyuntural y se vuelve más profundo.
Porque la ciudadanía no evalúa solamente si una institución existe o sale todos los días en los medios de comunicación. Evalúa, más bien, si se siente defendida por ella ante todos los problemas que la agobian.
Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones llamadas a protegerlos guardan silencio frente a los temas que generan angustia colectiva, comienza a deteriorarse la confianza institucional.
Y una democracia donde la gente deja de confiar en sus órganos de protección empieza lentamente a perder mecanismos de equilibrio.
Porque una institución puede emitir comunicados, asistir a eventos y mantener presencia pública, pero si el ciudadano no siente acompañamiento frente a los problemas que condicionan su vida diaria, se instala la sensación de que la representación existe solo en el papel.
El Defensor del Pueblo no está llamado a agradar al poder. Está llamado a incomodarlo cuando sea necesario. No está para administrar prudencias excesivas. Está para recordar que los derechos fundamentales de los ciudadanos no esperan momentos oportunos.
No está para seleccionar únicamente causas que generen exposición. Está para estar donde le duele al país.
La República Dominicana necesita un Defensor del Pueblo valiente, independiente y cercano a la gente. Que no tema elevar la voz cuando las circunstancias lo demanden. Que entienda que el prestigio no se construye con presencia mediática, sino con presencia social.
Porque al final, toda esta discusión termina reducida a una sola pregunta que ninguna democracia debería permitirse ignorar: ¿Quién defiende al pueblo cuando su Defensor calla?





