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Por: Carlos Manzano | En la Administración Pública dominicana se ha vuelto cada vez
más frecuente recurrir al cambio de funcionarios como respuesta a los
problemas institucionales.
Cuando una institución presenta dificultades, baja ejecución,
cuestionamientos o falta de resultados, la respuesta suele ser sustituir al
funcionario de turno.
Pero cabe preguntarse: ¿realmente se está solucionando el
problema o simplemente se pretende bajar la presión cambiando la cara
de quien lo administra?
El problema fundamental del Estado no se resuelve con
sustituciones constantes. Se resuelve con políticas públicas claras,
planificación estratégica, planes plurianuales, presupuestos vinculados a
objetivos, ejecución disciplinada, monitoreo permanente y evaluación de
resultados.
La gestión pública no puede depender de la personalidad, visión o
voluntad del funcionario que ocupa temporalmente un cargo. Una
institución seria, y moderna, debe contar con una ruta institucional que
trascienda a las personas y permita garantizar continuidad en las
políticas públicas.
Existe un ciclo que está llamado a ser permanente en la gestión
pública: diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución,
monitoreo, evaluación, corrección, mejora y replanificación. Ese ciclo no
puede detenerse, o cambiarse, cada vez que se produce un cambio de
funcionario.
Cuando llega una nueva autoridad y todo comienza nuevamente,
se pierde la memoria institucional, se interrumpen procesos, se
desperdician recursos y se retrasa el cumplimiento de objetivos, y, sobre
todo, se genera una peligrosa cultura de improvisación.
Por supuesto, hay circunstancias en las que un funcionario debe
ser removido. Cuando existen incompetencia, incumplimiento,
corrupción o pérdida de confianza, la sustitución puede ser necesaria.
Pero la sustitución de una persona no puede confundirse con una
reforma de la institución, y mucho menos, con una política pública.
La pregunta correcta no debería ser solamente quién debe ocupar
el cargo. Debería ser: ¿cuál es la política pública que se está
ejecutando?, ¿qué resultados se esperaban?, ¿qué metas fueron
alcanzadas?, ¿qué indicadores muestran avances?, ¿qué recursos se
utilizaron?, ¿qué debe corregirse y qué debe mantenerse?
Sin evaluación, el cambio de funcionario termina convirtiéndose en
una decisión política o administrativa sin capacidad real para
transformar la situación y garantizar una buena gestión.
Porque gobernar no es simplemente administrar instituciones ni
sustituir funcionarios. Gobernar implica definir objetivos, establecer
prioridades, asignar recursos, ejecutar políticas, medir resultados y
corregir aquello que no funciona.
Por eso, cada administración debería recibir las políticas, planes y
programas existentes, evaluarlos objetivamente y decidir cuáles deben
mantenerse, cuáles deben modificarse y cuáles deben sustituirse. No
debería existir la lógica de que cada nuevo funcionario tiene que
empezar desde cero para demostrar que está haciendo algo diferente.
La verdadera modernización del Estado exige fortalecer la
institucionalidad y construir sistemas capaces de producir resultados
independientemente de quién esté sentado en el despacho.
Cambiar funcionarios puede ser una decisión administrativa
coyuntural. Cambiar la forma de gestionar el Estado es una decisión de
política pública.
Y ese es precisamente el riesgo: que cambiar funcionarios termine
convirtiéndose en política de Estado, mientras la planificación, la
evaluación y la gestión por resultados quedan relegadas a un segundo
plano.
La República Dominicana necesita menos improvisación y más
planificación, menos decisiones coyunturales y más políticas de Estado,
menos dependencia de las personas y más fortaleza institucional.
Porque al final, el éxito de un gobierno no debería medirse por
cuántos funcionarios cambia, sino por cuántas políticas públicas logra
ejecutar y cuántos buenos resultados consigue para la sociedad.
