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Por: Yulibelys Wandelpool | Antes de entrar en cualquier debate jurídico, existe una pregunta que todo ciudadano debería hacerse: ¿estoy actuando conforme a la ley? La respuesta no siempre requiere ser abogado, pero sí desarrollar una habilidad que resulta indispensable para la convivencia en sociedad: el discernimiento legal.
El discernimiento legal no consiste en conocer de memoria las leyes ni en dominar el lenguaje jurídico. Se trata de desarrollar la capacidad de identificar cuándo una situación tiene implicaciones legales, comprender los derechos y deberes involucrados y actuar con prudencia antes de tomar una decisión. Es, en esencia, aplicar el sentido común acompañado del respeto por el ordenamiento jurídico.
Esta capacidad cobra especial importancia en un Estado Social y Democrático de Derecho, como lo define el artículo 7 de la Constitución de la República Dominicana. En un Estado de derecho, la convivencia no depende únicamente de la existencia de leyes, sino también de que los ciudadanos las comprendan, las respeten y sepan utilizarlas para proteger sus derechos y cumplir sus obligaciones.
La propia Constitución, en su artículo 8, establece que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad. Sin embargo, esa protección solo puede hacerse efectiva cuando los ciudadanos son capaces de reconocer que un derecho ha sido vulnerado y conocen los mecanismos institucionales para reclamarlo.
Con frecuencia pensamos en la ley únicamente cuando surge un conflicto. Sin embargo, el derecho cumple también una función preventiva. Muchas controversias podrían evitarse si las personas leyeran antes de firmar un contrato, solicitaran asesoría antes de realizar una inversión importante, conservaran la documentación de sus relaciones comerciales o conocieran los procedimientos adecuados para ejercer una reclamación.
El discernimiento legal también exige comprender que no todo lo que parece injusto es necesariamente ilegal y que no todo aquello que resulta inconveniente genera automáticamente responsabilidad jurídica. Esta diferencia evita falsas expectativas, litigios innecesarios y decisiones impulsivas que, lejos de resolver un problema, suelen agravarlo.
Vivimos además en una época donde las redes sociales han acelerado la formación de juicios públicos. Con frecuencia se confunde la opinión con el derecho y la condena social con la responsabilidad jurídica. Sin embargo, el artículo 69 de nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantías que impiden que las decisiones se adopten sobre la base de percepciones o tendencias del momento. La justicia exige pruebas, procedimientos y decisiones motivadas, no simplemente popularidad o presión mediática.
El discernimiento legal también fortalece la cultura democrática. Un ciudadano que conoce sus derechos comprende igualmente que la Constitución le impone deberes. El artículo 75 establece, entre las obligaciones fundamentales de toda persona, el deber de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, así como contribuir al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Cumplir la ley supone, antes que nada, comprender el alcance de nuestros actos y asumir responsablemente sus consecuencias.
En las relaciones con la Administración Pública, esta capacidad resulta aún más necesaria. La Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, consagra principios como la juridicidad, la buena fe, la racionalidad y la seguridad jurídica. Estos principios solo alcanzan su verdadera eficacia cuando los ciudadanos conocen sus derechos frente al Estado y saben cómo ejercerlos dentro de los procedimientos establecidos.
