El Deterioro de la Administración Pública

Por: Luis Fernández | La administración pública como conjunto de instituciones, organismos, funcionarios y procedimientos encargados de ejecutar las políticas públicas y prestar servicios a la ciudadanía, es fundamental para el funcionamiento del Estado, ya que es la encargada de ejecutar las políticas gubernamentales, administrar los recursos públicos y prestar servicios esenciales a la población.

Su buen desempeño contribuye al desarrollo económico, social y político de un país, el sector público es un pilar esencial del Estado, que representa la estructura política y jurídica que organiza la sociedad, mientras que la administración estatal es el mecanismo operativo que lleva a la práctica las decisiones del gobierno y hace posible el funcionamiento cotidiano del Estado.

La administración pública como parte del Estado, es un buen instrumento cuando es eficiente y transparente para el contacto entre la ciudadanía y el poder público, ya que entre otras cosas garantiza la prestación de servicios públicos, Promueve el bienestar social, Mantiene el orden y el cumplimiento de la ley, impulsa el desarrollo económico, combate la corrupción y Fortalece la democracia.

Hacemos estos señalamientos preocupados por la grave situación de deterioro de la actual administración pública dominicana, en estos 6 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno PRM, lo que ha sido denunciado por diversas instituciones y partidos políticos que han visto como en estos últimos años la administración pública, ha evidenciado un notable retroceso, que termina afectando la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En este tiempo la administración pública ha venido perdiendo eficiencia y capacidad de gestión, lo que refleja problemas de organización, supervisión adecuada y gestión de los recursos humanos del Estado, lo que afecta la calidad de vida de la población y de los servicios públicos, reduciendo el acceso oportuno a servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, justicia y transporte.

Además, el retroceso del sector público favorece la burocracia, la ineficiencia, la corrupción e incrementa las desigualdades ya que los sectores más vulnerables dependen en mayor medida de los servicios públicos, lo que aumenta la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, lo que ocurre cuando las personas perciben que las entidades del Estado no actúan de manera eficiente, transparente, justa o en beneficio del interés general.

La situación es tan grave que el propio Ministerio de Administración Pública (MAP) ha reconocido dificultades para determinar con precisión cuántos empleados tiene el Estado, dónde laboran y cuáles plazas están efectivamente ocupadas e instituciones cuyos titulares desconocen cuántos colaboradores están bajo su responsabilidad lo que evidencia una pérdida de control sobre el recurso humano estatal.

Mas preocupante es todavía que estas fallas del sector público no se deben a una falta de herramientas tecnológicas, sino a algo más penoso y grave como es la ruptura de la continuidad institucional, lo que es un elemento esencial para la estabilidad democrática y el buen funcionamiento del Estado y un manejo clientelar de la administración pública, tal como lo denunciara el Partido de la Liberación Dominicana PLD.
La Organización opositora recordó que, al concluir la gestión del PLD, “el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) incorporaba aproximadamente al 97 % de los empleados del Gobierno Central, permitiendo administrar información del personal, controlar la nómina, gestionar expedientes electrónicos y dar seguimiento a la carrera administrativa.

El partido político destacó el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y el programa República Digital, mediante el cual más de mil servicios públicos fueron habilitados en línea, también cuestionó la reducción de servidores incorporados mediante concursos públicos. Afirmó que en agosto de 2020 había aproximadamente 94 mil servidores integrados a la carrera administrativa mediante concursos, mientras que actualmente las autoridades presentan alrededor de 60 mil.

Sin importar la organización política que gobierne, la administración pública debe actuar con legalidad, transparencia, eficiencia, igualdad y responsabilidad, sirviendo siempre a la ciudadanía, ejecutando las leyes y políticas aprobadas por el gobierno., administrando con honestidad los recursos públicos, promoviendo el desarrollo económico y social, garantizando el cumplimiento de las normas y regulaciones.

El Estado es permanente lo que son pasajeros son los gobiernos, que tienen la obligación de garantizar la continuidad gubernamental, ya que las instituciones del Estado deben seguir funcionando de manera estable y sin interrupciones, aun cuando cambien las autoridades o se presenten situaciones de emergencia, el objetivo es garantizar que los servicios públicos, las políticas del Estado y las funciones esenciales continúen en beneficio de la población.

Hay que poner fin a la nómina clientelar y a la disminución de personal seleccionado por méritos, y al aumento de los nombramientos por lealtad política, la administración pública dominicana debe establecer el mérito como criterio obligatorio para el ingreso y permanencia en la función pública, propiciando que el sector público cumpla sus deberes fundamentales, de conocer, organizar y gestionar adecuadamente el recurso humano del Estado.

Es necesario tal como lo ha planteado el PLD, publicar institución por institución, la evolución de la nómina publica desde agosto del 2020, indicando el número de servidores, el gasto mensual y las variaciones registradas, igualmente, publicar el número actualizado de servidores incorporados a la carrera administrativa y los concursos públicos realizados desde agosto de 2020.

la administración pública dominicana necesita recuperar el mérito, fortalecer sus mecanismos de control y garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos humanos del Estado, esto es algo fundamental, para la buena gobernanza, la estabilidad democrática, Fortalecer la confianza ciudadana y el funcionamiento permanente de las instituciones públicas.