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Por: Carlos Manzano | Las recientes declaraciones dadas por el Ministro de Administración Pública, Lic. Sigmund Freund, al informar que el país actualmente cuenta con alrededor de 60,000 servidores de carrera administrativa, debe llamar a preocupación y provocar una profunda reflexión a nivel nacional.
Más que una cifra, esas declaraciones constituyen el reconocimiento de un preocupante deterioro de uno de los principales logros alcanzados por el Estado dominicano en materia de institucionalidad y profesionalización del servicio público.
En el año 2020, la administración encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó incorporados al régimen de carrera administrativa más de 94,000 servidores públicos.
Si hoy el propio Gobierno reconoce la existencia de apenas 60,000 empleados de carrera, estamos hablando de una reducción de aproximadamente 34,000 servidores, una disminución cercana al 36 % del capital humano profesional del Estado.
Es muy lamentable ese deterioro, pues la carrera administrativa constituye la mejor garantía para que los ciudadanos reciban servicios públicos de calidad, eficientes y libres de la improvisación política.
Cuando disminuye el número de servidores de carrera, el Estado pierde experiencia, capacidad técnica y memoria institucional. Cada empleado de carrera que desaparece representa años de conocimientos acumulados que difícilmente pueden sustituirse mediante designaciones discrecionales o nombramientos de carácter político.
El deterioro de la carrera administrativa tiene efectos directos sobre la calidad de los servicios públicos. Instituciones con menor capacidad técnica responden con mayor lentitud, disminuye la continuidad de las políticas públicas y aumenta la dependencia de decisiones coyunturales.
La reducción de más de treinta mil servidores de carrera no puede verse como un simple ajuste administrativo. Constituye un indicador del debilitamiento institucional que experimenta el Estado dominicano. Mientras menos servidores ingresan y permanecen por mérito, mayor es el margen de que no se presten servicios de calidad a la población.
Este retroceso también compromete la sostenibilidad de las políticas públicas. Los países que han logrado construir administraciones eficientes lo han hecho fortaleciendo el servicio civil, blindándolo frente a los cambios de gobierno y garantizando que la experiencia acumulada permanezca al servicio de la sociedad. En República Dominicana parece estar ocurriendo exactamente lo contrario.
Paradójicamente, mientras se habla de modernización, transformación digital y eficiencia gubernamental, se debilita el principal instrumento que hace posible alcanzar esos objetivos: un servicio civil fuerte, estable y basado en el mérito.
Ninguna reforma tecnológica puede sustituir la experiencia, la ética y la capacidad profesional de un servidor público formado para servir al Estado y no a intereses partidarios.
La carrera administrativa no pertenece a ningún partido político ni a ningún gobierno en particular. Es una conquista de la democracia dominicana y un patrimonio institucional de todos los ciudadanos. Debilitarla significa afectar la calidad de los servicios que recibe la población, reducir la eficiencia del Estado y comprometer la confianza en las instituciones públicas.
Las cifras ofrecidas por el propio ministro del MAP deben servir como una señal de alerta. La República Dominicana necesita recuperar el camino de la profesionalización del servicio civil, reactivar los concursos públicos, fortalecer la estabilidad de los servidores de carrera y garantizar que el mérito vuelva a ser el principal criterio para ocupar los cargos públicos.
Porque cuando retrocede la carrera administrativa, no solo pierde el servidor público, pierde el Estado, pierde la institucionalidad y, sobre todo, pierde la ciudadanía.
