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Por: César Peña Bonilla | La reciente inauguración de un pequeño puente en Altamira, marcada por un incidente violento protagonizado por la diputada del (PRM-PRSC), Fiordaliza Estevez, ha suscitado un debate urgente en la sociedad dominicana. La escena, que se volvió viral y en la que se puede observar una confrontación con la seguridad del presidente, plantea grandes interrogantes sobre la credibilidad del PRM y sus aliados en su promesa de erradicar la violencia e inseguridad en el país.
Cuando un acto que debería celebrarse con civismo se convierte en un espectáculo de agresiones, se envía un mensaje perverso a la ciudadanía: la violencia se normaliza, se minimiza y se convierte en una herramienta de poder en el ámbito político. La presencia del presidente en este evento solo intensificó la percepción de que el gobierno no solo tolera, sino que también es cómplice de estos comportamientos violentos. Es incongruente que quienes ocupan posiciones de liderazgo promuevan la paz y el respeto al mismo tiempo que sus acciones o las de sus representantes contradicen esos valores fundamentales.
El PRM y aliados, ha centrado parte de su discurso en erradicar la violencia, en mejorar la seguridad y en construir un país más justo. Sin embargo, este tipo de incidentes pone en entredicho su compromiso real con estas promesas. ¿Cómo pueden los líderes del PRM esperar que la población crea en su capacidad de transformar la cultura de violencia si sus propios miembros participan activamente en conflictos y desorden? El ejemplo debe comenzar desde arriba, y lo sucedido en Altamira refleja una falta de responsabilidad y de ejemplo que desvirtúa cualquier esfuerzo por parte del gobierno para mejorar la situación del país.
Los ciudadanos demandan coherencia y seriedad de sus representantes. La violencia no puede ser un método aceptable de expresión o de resolución de conflictos, y es responsabilidad del liderazgo político demostrar con acciones, más allá de las palabras, que están dispuestos a erradicarla. La viralización del video del incidente en Altamira se convierte, por tanto, en una herramienta de reflexión crítica sobre la situación política actual y una demostración más de que el PRM no sabe gobernar.
Es imperativo que el PRM reevalúe su posición y asuma el liderazgo que les corresponde. La lucha contra la violencia debe comenzar por ellos mismos. Se requiere un compromiso genuino para abordar no solo las consecuencias de la violencia en la sociedad, sino también las raíces que la alimentan. La ciudadanía observa, analiza y juzga, y estos episodios solo alimentan la desconfianza hacia el sistema político.
El mal ejemplo que se ha escenificado en Altamira frente al Presidente, es un recordatorio de que la lucha por un país más seguro y pacífico comienza con la propia conducta de quienes están en el poder. Así, el PRM debe reflexionar y actuar, no solo para rescatar su imagen, sino para cumplir con su promesa de un futuro donde la violencia no tenga cabida. La sociedad merece dirigentes que prediquen con el ejemplo, que opten por el diálogo y la paz como formas de resolución, y que rechacen, sin ambigüedades, cualquier forma de violencia y espera que esos partidos tomen medidas frente a esa dirigente y miembro de la Cámara de Diputados de su bancada aliada.
