Leyes y costumbres

Por: Sergio Sarita Valdez | Un comportamiento social transmitido de una generación a otra durante un sinnúmero de ciclos se convierte en una costumbre para ese entorno. Por tal razón, a nadie sorprende el dicho común de que “las costumbres se vuelven leyes naturales”

Los deberes y los derechos ciudadanos establecidos a través del Poder Legislativo en los gobiernos democráticos nacionales se registran en la Carta Magna o Constitución. Mediante elecciones, los países establecen gobiernos que, al juramentarse, asumen el sagrado compromiso de cumplir y hacer cumplir todas las leyes contenidas en la ley sustantiva de cada nación. La primera Constitución dominicana se redactó el día 6 de noviembre de 1844, jurando respetarla y hacerla cumplir nuestro primer presidente constitucional, el general Pedro Santana. Esta acta constitucional nació con un mal congénito para la República: el artículo 210, que decía lo siguiente: “Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la república puede libremente organizar el ejército y la armada; movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo, en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.

Amparándose en ese artículo de la Carta Magna, Pedro Santana ordenó la ejecución del patricio Francisco del Rosario Sánchez, de su hermana la heroína María Trinidad Sánchez y de un sinnúmero de insignes dominicanos de la época que no comulgaban con la línea de pensamiento del jefe de Estado de entonces. El sagrado pergamino que legalmente rige los destinos nacionales ha sufrido las modificaciones que diferentes gobernantes han creído oportunas y convenientes para sus ejecutorias del momento. Tan frágil y vulnerable se ha vuelto nuestro soporte jurídico, que en una ocasión se oyó decir a uno de nuestros gobernantes lo siguiente: “La Constitución es un pedazo de papel”. El mandato escrito para dirigir los destinos de un pueblo se vuelve letra muerta, susceptible de ser estropeado y pisoteado por el presidente de turno, si no contamos con una población educada, conocedora de sus derechos y deberes ciudadanos, dispuesta a llegar al sacrificio máximo cuando entienda que sus prerrogativas legales han sido vulneradas por las autoridades de turno. Todo pueblo tiene el derecho natural a la rebelión ante la opresión. Nadie está obligado a obedecer mandato alguno que no esté amparado por la Constitución. Las escuelas públicas y privadas están en el deber de instruir al alumnado acerca del contenido del documento sagrado que rige los destinos del país. Si hacemos de las leyes una costumbre general, llegaremos al anhelado Estado de derecho en el que niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos dominicanos se sientan seguros y protegidos por gobiernos que respeten y hagan cumplir las leyes nacionales. Ningún partido ni coalición de grupos políticos debería tener luz verde para hacer y deshacer a su antojo con la hacienda pública. Desafortunadamente, la historia criolla nos dice que han sido pocos los gobiernos que han completado su período constitucional sin que el virus de la corrupción no haya infectado su tren administrativo.
¡Llegará el día en que la honradez, la pulcritud y la transparencia gubernamentales sean ley y costumbre en la tierra de Duarte!