|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por: Juan Manuel Ventura | En un mundo tan acelerado como el de hoy, donde la información vuela y todos buscamos la notoriedad que nos brindan los «likes», diversos medios del país se han hecho eco de la noticia de que un joven fue condenado a seis meses de prisión por el robo de 32 aguacates en una finca de la provincia de San José de Ocoa.
Muchos exigimos, criticamos y esperamos más de un nuevo Código Penal, sin embargo, este es precisamente uno de los casos que nos recuerdan que en la República Dominicana no se necesitan tantas leyes nuevas, sino cumplir las que ya están vigentes. El Código Procesal Penal actual establece que el robo de cosechas se sanciona con penas de seis meses a dos años de prisión.
Dejando de lado la búsqueda de aprobación digital, lo que realmente deberíamos procurar es que todos los delitos se condenen y se midan con el mismo rigor que este, en el cual un juez aplicó la pena mínima prevista para el delito cometido. Mientras tanto, los delitos de cuello blanco, la corrupción administrativa y el crimen organizado transitan por laberintos de impunidad, prescripciones y medidas complacientes.
El caso del «preso de los aguacates» no debe verse como una anécdota simpática o una exageración judicial aislada, sino como un espejo de nuestra realidad institucional. La verdadera transformación social y jurídica llegará el día en que la ley no dependa de la clase social del infractor, ni de cuántos «likes» o de cuánta atención mediática recoja un caso, sino de la estricta, imparcial y universal aplicación de la justicia.
