En un país con un alto grado de politización de sus ciudadanos, teniendo en el panorama unas elecciones a menos de dos años, con aspirantes a cargos electivos en labores de promoción y posicionamiento, las disposiciones emanadas del gobierno se aprecian con cierta suspicacia.
De ejemplo ponemos la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para el 2 de octubre que hiciera el presidente Danilo Medina para la evaluación de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que cumplen en diciembre y para nombrar a cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC) en sustitución de igual cantidad por edad o por haber cumplido el período para el cual fueron nombrados.
La convocatoria se hace en cumplimiento de un mandato establecido en los artículos 178 al 183 de la Constitución y en la Ley No. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y su Reglamento de Aplicación, mas sin embargo el edicto da lugar a un mar de conjeturas y especulaciones que manifiestan desconfianza.
Con un ambiente intrigante en la opinión pública, satisface que en la convocatoria realizada en rueda de prensa, con un documento redactado y leído por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se haya prometido un proceso “transparente, participativo y riguroso” para escoger a cuatro miembros del TC y evaluar los magistrados de la SCJ.
En la sesión anterior del Consejo Nacional de la Magistratura, se hizo el compromiso y se cumplió, de llevar a cabo un proceso de selección transparente, regido por las normas, siempre respetando el debido proceso, lo que se espera no sea diferente en la nueva convocatoria
Albergamos en consecuencia, que en el institucional proceso que se ha iniciado con el anuncio del Consultor Jurídico prime la sensatez, la prudencia y el equilibrio para consolidar el orden democrático, la institucionalidad y como se leyó en la convocatoria, “fortalecer cada vez más las Altas Cortes”.
