El suicidio del arquitecto David Rodríguez García, en un baño de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ha sido tomado como pretexto por enemigos y adversarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para montar una campaña contra el Gobierno del presidente Danilo Medina. Unos y otros, han llegado hasta a ofender al Mandatario.
Los más irresponsables y atrevidos atribuyen al Gobierno apañar actos corrupción. Sin embargo, los hechos desnudan a los autores de la campaña como propaladores de ofensas.
El hecho confirma que en el Gobierno las construcciones de escuelas se ganan en concurso público y que el beneficiario no tiene que tener grado de dependencia con el PLD ni con la administración. Y dos, que tan pronto ocurrió el hecho la dirección de la OISOE, apoderó del caso al Ministerio Público para que actúe conforme manda la ley. Son evidencias de que se quiere asegurar la transparencia, y que nadie sea beneficiario de la impunidad en el caso de la muerte del arquitecto Rodríguez García.
Lo cierto es que República Dominicana no ha tenido otras administraciones de Gobierno, como las del PLD, que hayan hecho mayores aportes en busca de asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en los actos del Gobierno, en las administraciones de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
Desde el primer día el gobierno del presidente Danilo Medina está enfocado en la transparencia. Al día de hoy la mayoría de las instituciones públicas han entrado al Sistema de Gestión Financiera (Sigef) que las obligas a cumplir su presupuesto detallado y a pasar todos y cada uno de sus pagos a través del Sigef. Esto permite a los ciudadanos solicitar información de cualquier institución a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información y puede obtener detalles del presupuesto o ejecución de gastos con mayor facilidad.
Como ha dicho el Contralor de la República, Rafael Germosén Andujar: “Estos son de los grandes esfuerzos que está haciendo esta gestión del presidente Danilo Medina para transparentar el Estado, para hacer el Estado más eficiente”.
En virtud del decreto 569-12, estableció el reglamento para mejorar los procedimientos generales a seguir en la asignación de los contingentes arancelarios de la rectificación técnica. De esa manera aprobó el procedimiento de Subastas Públicas para la adjudicación de los Contingentes Arancelarios previstos en el artículo 5 del decreto número 505-99, del 24 de noviembre de 1999. Para adoptar la medida consideró que es moralmente necesario establecer un procedimiento de asignación de los contingentes arancelarios que sea público, simple, transparente, abierto, competitivo, imparcial y que no constituya un obstáculo al comercio.
Ordena a la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, colocar en subasta pública organizada por la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana (BARD), bajo supervisión de la Superintendencia de Valores y la Comisión, los Contingentes Arancelarios de los productos de la Rectificación Técnica de la Lista XXIII, de Concesiones Arancelarias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Otra disposición importante del presidente Medina, es el decreto 188-14 que define y establece los principios y las normas que sirven de pautas a las Comisiones de Veedurías Ciudadanas. Instruye a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas a ofrecer asistencia técnica y capacitación a todas las Comisiones de Veedurías Ciudadanas. También ordena al Ministerio de la Presidencia a formalizar la integración, junto a los titulares de las instituciones, de las Comisiones de Veedurías Ciudadanas que se estimen necesarias y a que adopte las previsiones que garanticen su buen funcionamiento e independencia. “El objetivo de este decreto es únicamente garantizar que todas las instituciones les faciliten la información que necesitan y les provean todo lo necesario para hacer su labor de la mejor manera posible, con total autonomía”.
El Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo ha explicado que el Gobierno entiende la transparencia como una labor intrínseca del servidor público, como parte sustancial de las obligaciones de las instituciones y nunca como una simple concesión a la ciudadanía. Las Comisiones de Veedurías Ciudadanas tienen como función primordial reconocer y difundir las buenas prácticas realizadas por las instituciones del Estado para que estas sean replicadas por las demás instituciones.
Gobiernos del presidente Leonel Fernández
La primera administración del presidente Leonel Fernández, 1996-2000, adoptó múltiples iniciativas en procura de lograr una efectiva política de transparencia y rendición de cuentas con un conjunto de reformas legales e institucionales.
Muestras son decreto Número: 233-97 del 24 de julio de 1997, en virtud del cual se creó el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Con el decreto Número: 101-05, creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción como un organismo mixto y participativo, con la responsabilidad de la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Nacional Estratégico de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, y en 2007, con el decreto Número: 324-07, creó la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
El presidente Fernández también con el objetivo de promover la ética, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, emitió el decreto Número 130-05 que aprobó el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública; promulgó la Ley Número 340-06 de Compras, Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública, por la eficiencia y la transparencia en el sistema de contratación estatal, que sustituyó el decreto 63-06 que sirvió de puente para esa ley.
De igual modo, promulgó la Ley Número 423-06, la nueva Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la cual creó un mecanismos de control y eliminó la cuenta 1401, que manejaba el Presidente de la República a discreción como el 75% de los excedentes del presupuesto, a fin de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos; y la Ley Número 226-06, que dio autonomía a la Dirección General de Aduanas (DGA), así como la Ley Número 227-06, que otorgó autonomía a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). En su momento constituyeron un hito pues dieron autonomía a las principales instituciones recaudadoras del Estado. También promulgó la Ley Número 498-06 de Planificación e Inversión Pública que establece un sistema de planificación e inversión pública y de las políticas económicas y sociales con el propósito de lograr de manera efectiva los objetivos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo; y la Ley Número. 482-08 General de Archivos que tipifica el delito de sustraer o eliminar documentos públicos.
En 2009 la Comisión Nacional de Combate a la corrupción elaboró el Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y prevención de la corrupción (2009-2012). Fue el segundo plan estratégico luego del lanzado en el 2005. También es de la administración del presidente Fernández la Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC).
Con la IPAC, por primera vez un gobierno dominicano se sometió al escrutinio abierto de la sociedad civil, sector privado y organismos internacionales con la finalidad de identificar cuáles son las medidas que se requieren para mejorar las políticas de transparencias, rendición de cuentas y combate la corrupción En 2010 convocó al Consejo de Ministro para que aprobara la implementación de las recomendaciones de las IPAC, y adoptar todas las recomendaciones que le había sometido la IPAC.
El avance de la implementación de estas medidas fue monitoreado por los organismos internacionales, por el sector privado y la sociedad civil, siendo realizada la ultima evaluación el 8 de febrero de 2012, la cual evidencio un alto nivel de cumplimiento de los compromisos que el Gobierno había asumido.
Los hechos no se desdoran con mentiras ni con discursos de demagogos. La sociedad aprecia y disfruta los resultados de las administraciones del PLD. Casos únicos.
