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Por: Carlos Manzano | Desde el inicio de su mandato, el Presidente Luis Abinader ha
sostenido como uno de los principales logros de su gobierno la supuesta
independencia del Ministerio Público.
Ese discurso ha sido repetido una y otra vez en escenarios
nacionales e internacionales como prueba del fortalecimiento
institucional y del respeto al Estado de derecho.
Sin embargo, el recurso de apelación interpuesto por el gobierno
contra la decisión de ¨no ha lugar¨ dictada a favor de Gonzalo Castillo
ha terminado por derrumbar esa narrativa.
Más allá de las explicaciones jurídicas que puedan ofrecerse, la
oportunidad y el contexto político en que se produce esa apelación
despiertan legítimos cuestionamientos.
Resulta difícil ignorar que ese hecho ocurre precisamente cuando
Gonzalo Castillo comienza a recuperar protagonismo político y cuando
distintos sondeos reflejan un crecimiento vertiginoso de su figura en el
escenario electoral.
Si el Ministerio Público actúa con absoluta independencia, ¿por qué
la apelación se presenta desde el mismo gobierno, y ésta coincide con
un momento de evidente reconfiguración política? Esa coincidencia
fortalece la percepción de que detrás del recurso existe algo más que un
simple interés procesal.
Desde el inicio de la actual administración, numerosos sectores
han cuestionado que la persecución penal haya estado concentrada casi
exclusivamente en funcionarios y dirigentes vinculados al pasado
gobierno encabezado por Danilo Medina, mientras otros casos han
recibido un tratamiento totalmente distinto.
Esa selectividad ha alimentado la sospecha de que la justicia no
siempre ha marchado al mismo ritmo para todos.
La apelación del gobierno contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo
Castillo termina convirtiéndose en un símbolo de esa percepción. Lejos
de fortalecer la confianza en la independencia del Ministerio Público,
proyecta la imagen de una institución que, para muchos ciudadanos,
continúa respondiendo a las prioridades del poder político.
En democracia, los gobiernos deben competir con resultados y
propuestas, no procurando que los tribunales decidan quién puede o no
convertirse en adversario electoral.
Cuando la justicia comienza a ser percibida como un escenario
más de la lucha política, la credibilidad de las instituciones se deteriora,
la confianza ciudadana se resiente, y se ve seriamente afectada la
democracia.
El mayor daño de esta apelación no recae únicamente sobre
Gonzalo Castillo. El golpe más profundo lo recibe el discurso oficial que
durante años presentó al Ministerio Público como un órgano
completamente desligado de cualquier influencia política. Hoy ese
discurso enfrenta su mayor prueba de credibilidad.
Porque si la independencia institucional sólo existe mientras las
decisiones favorecen al poder, entonces no estamos ante una verdadera
independencia, sino ante una independencia condicionada por la
conveniencia política.
Cuando el poder recurre, o aparenta recurrir, a los tribunales para
prolongar la incertidumbre sobre el futuro político de un contendiente,
inevitablemente abre espacio a las dudas sobre la imparcialidad de las
instituciones.
Y cuando esas dudas se instalan en la conciencia colectiva, no
pierde únicamente el dirigente político, pierde también la democracia,
pierde el Estado de derecho, y peor aún, se pierde la confianza del
pueblo en la justicia.
La apelación contra el ¨no ha lugar¨ de Gonzalo Castillo, más que
un acto procesal, se ha convertido en un hecho político. Para muchos,
marcó el momento en que el discurso de la independencia del Ministerio
Público dejó de ser una bandera del gobierno para convertirse en una
promesa difícil de sostener frente a la realidad que se vive en el país.
