El país, dando ejemplo de civilidad desde los poderes deliberantes, practica en estos días un nuevo proceso de debates, democrático y participativo, poco común.
Se demuestra la existencia de una capacidad de comprensión y entendimiento de problemas cruciales para nuestro desarrollo.
En el 2010 con la aprobación de la Constitución de la República y en el 2012 con la aprobación de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, hubo señales relevantes, ejemplos de sociabilidad y convivencia pacífica.
Igualmente es factible que lleguemos a acuerdos, mediante consenso, sobre la Seguridad Vial; que no es contar accidentes, muertos y heridos, ni tampoco hacer operativos, ni campañas aisladas y esporádicas.
Es mucho más complicado.
No solo porque su aplicación pudiera afectar el Estado de Derecho de los ciudadanos y la Constitución de la República, sino porque también interviene un uso importante de recursos de todo tipo, que pudieran ir a la basura.
Si nos equivocamos, tendríamos que cargar un alto costo político y social, a la enorme pérdida de vidas humanas mal contadas cada año.
Y es que, precisamente estos temas de la pandemia vial requieren decisiones consensuadas, en las que todos estemos decididamente comprometidos.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial que actualmente se discute en la Cámara Baja es uno de los proyectos cuya vigencia urge nuestra sociedad.
Pero, más que el voto de la mayoría, se necesita consenso para que su aplicación tenga sentido y apoyo.
No se trata de pasar un proyecto de ley para satisfacción de alguien, o de algún grupo en particular, el asunto es que se convierta en un “Objetivo País” y de ahí la delicadeza de sus interioridades.
Si se politizara el tema, que esperamos no suceda, perderíamos la oportunidad de aplicar una buena pieza legislativa, como aconseja la experiencia de las buenas prácticas de políticas públicas de los países donde ha progresado el tema de la seguridad vial a favor de la vida.
España, que hasta poco tiempo fuera un modelo mundial por la consistencia en la baja de la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito, hoy es cuestionada por el estancamiento en sus indicadores de siniestralidad vial por la presencia de elementos contaminantes del proceso original.
Colombia por igual, se debate en las más frías relaciones entre sus actores, que no permite avanzar en el tema después de haber sido paradigma en la región.
Recientemente, nuestros legisladores decidieron llevar a comisión nueva vez, el Proyecto de Seguridad Vial, una oportunidad para resolver algunos entuertos hasta lograr el acuerdo de los partidos políticos, la sociedad, y los entendidos en la materia, para asegurar puntos fundamentales que pudieran comprometer los objetivos: salvar vidas, proteger la salud, las propiedades y el medioambiente.
Sería saludable este debate amplio para obtener la mejor ley, la que tanto hace falta a las presentes y futuras generaciones dominicanas.
A partir de un consensuado marco legal de seguridad en la circulación, apoyado sobre un modelo de estructura orgánica bien clara y definida, es que podríamos alcanzar el éxito, al alejarnos de modelos que están en franca decadencia, como revelan sus resultados en las naciones donde fueron concebidos, los cuales nunca deberíamos replicar.
