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Por: Osiris Mota | Una visión de liderazgo político para el Caribe, que nos asegure los alimentos de todos.
El Caribe y América Latina enfrentan hoy desafíos estructurales que trascienden las fronteras nacionales. El cambio climático, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de nuestros productores rurales no son amenazas futuras: son realidades presentes que exigen liderazgo político, visión regional y decisiones valientes.
En este contexto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo especializado de la OEA, ha demostrado que la cooperación regional es un camino viable y necesario. A través de espacios como el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), los países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay— han avanzado en la coordinación de políticas agrícolas, con el respaldo técnico del IICA, apostando por la integración, la seguridad alimentaria y la acción conjunta frente a riesgos comunes.
El CAS cuenta con una estructura técnica sólida, la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA), desde la cual se está impulsando una iniciativa de alto impacto político y social: la creación de un seguro regional contra eventos climáticos extremos. Este mecanismo, desarrollado junto al Banco Mundial y organismos internacionales, busca proteger a los productores frente a sequías, heladas y otros fenómenos que amenazan la producción, el empleo rural y la estabilidad económica.
Esta experiencia demuestra que cuando hay voluntad política, los países pueden compartir riesgos, reducir costos y proteger mejor a sus poblaciones. No se trata solo de una herramienta financiera, sino de una política pública moderna, orientada a la prevención, la resiliencia y la justicia social.
El calentamiento global golpea con especial dureza a los países del Caribe, cuyas economías son más pequeñas, abiertas y dependientes de la agricultura, el turismo y los recursos naturales. Nuestros productores, pescadores y comunidades rurales se encuentran entre los más expuestos y, paradójicamente, entre los menos protegidos.
Por ello, el liderazgo político responsable no puede limitarse a la gestión de emergencias. Debe anticiparse. La propuesta del seguro regional del Cono Sur —basada en riesgos de ocurrencia excepcional, transferidos a aseguradoras y reaseguradoras internacionales, con mecanismos de pago ágiles y transparentes— ofrece un modelo que el Caribe puede y debe estudiar, adaptar e impulsar.
A la par, los diagnósticos del Banco Interamericano de Desarrollo son claros: América Latina y el Caribe invierten poco en agricultura, investigación y desarrollo. Con apenas un 5 % del PIB agrícola destinado al gasto público y menos del 1 % a innovación, seguimos condenando al sector a la baja productividad y a la vulnerabilidad permanente.
Un partido político con vocación de liderazgo regional en el Caribe debe asumir estos datos como un llamado a la acción. La integración no es un discurso; es una estrategia de supervivencia y desarrollo. Fortalecer alianzas con países vecinos, organismos multilaterales y experiencias exitosas de otras subregiones es una decisión política inteligente y necesaria.
La República Dominicana, junto al resto del Caribe, tiene la oportunidad de dar un paso al frente: impulsar mecanismos regionales de protección climática, promover políticas agrícolas modernas y liderar una agenda de cooperación que priorice a los más vulnerables.
Gobernar hoy implica pensar más allá del corto plazo. Implica proteger a quienes producen nuestros alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y preparar a nuestras naciones para un futuro cada vez más incierto. Ese es el liderazgo que el Caribe necesita.
