Por: Héctor Olivo | La sociedad dominicana ha quedado impactada por el horrendo asesinato de la señora Zeneida Socorro Castillo, esposa del músico Julián Oro Duro, quien resultó herido y con contusiones. El hecho ha causado una profunda consternación, sobre todo por la cercanía que existía entre las víctimas y quienes terminaron siendo sus verdugos, los cuales hoy esperan ser juzgados en los tribunales de justicia. En plena evolución de este suceso, se reportó el secuestro y posterior robo a un concejal del municipio de Villa González, en la provincia de Santiago, quien es miembro del partido de gobierno. La situación de inseguridad se mantiene como uno de los temas centrales del debate público y representa una de las mayores inquietudes para las familias dominicanas, tal como se refleja en los estudios de opinión y en las encuestas realizadas por medios de comunicación y otras entidades. La percepción ciudadana y los constantes reportes de hechos delictivos en las calles reflejan una realidad de temor que contradice las estadísticas presentadas cada lunes por el Ministerio de Interior y Policía desde el Palacio de la Policía Nacional; una institución sometida a una reforma que, a juicio de diversos sectores, se ha quedado solo en lo cosmético. Las iglesias han expresado de forma continua su profunda preocupación por la ola de violencia, asaltos y crímenes que consternan a la sociedad. Asimismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por intermedio de su dirección nacional y sus congresistas, junto a otros partidos del sistema político, ha advertido que la delincuencia se muestra indetenible. Esta situación, complicada por el aumento de la criminalidad, afecta directamente la tranquilidad de los hogares, lo que ha llevado a instar a las autoridades a implementar respuestas eficaces. Los ciudadanos expresan que su temor principal proviene de los robos y atracos en la vía pública. A esto se suman modalidades como el microtráfico de drogas, las estafas y los hackeos de cuentas, muchas veces coordinados desde los mismos centros penitenciarios. Es tanta la indignación ciudadana que se ha llegado al extremo de respaldar la aplicación de condenas extrajudiciales o el denominado «artículo 29», usando la ya famosa expresión de que “a los delincuentes se les debe dar para abajo”. Críticos y ciudadanos señalan que no se perciben los resultados de las políticas públicas aplicadas por la actual administración, a pesar de haber realizado grandes inversiones que incluyen el pago de costosos asesores internacionales, la adquisición de nuevos equipos para la uniformada y los publicitados cambios en el mando superior. La conclusión de estos sectores es que la seguridad ciudadana ha sido una quimera en una gestión que prometió en campaña que, a los cien días de su ascenso, este problema quedaría resuelto. Tras más de seis años de gobierno, la perspectiva de la oposición y de diversos grupos sociales es que la situación ha empeorado, afirmando que la población ha salido de la paila para caer en el fogón.