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Por: Luis Fernández | La inseguridad ciudadana en la República Dominicana continúa siendo uno de los principales problemas sociales y políticos del país, la población sigue enfrentando robos, violencia, delincuencia organizada, conflictos interpersonales y temor a ser víctima de un delito, el gobierno actual en sus 6 años de ejercicio del poder no ha podido hacer frente con éxito, este grave problema que afecta profundamente a la sociedad dominicana.
La inseguridad tiene múltiples causas, entre ellas se encuentran la delincuencia y el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia interpersonal, la desigualdad social y las deficiencias institucionales, el problema también tiene una estrecha relación, con la falta de oportunidades y las deficiencias de una política de prevención y de la justicia, lo que impide prevenir sus causas y construir una política de seguridad sostenida, coordinada y efectiva.
La actual administración carente de planes concretos y experiencia de Estado sobre este tema, optó por la improvisación haciendo que las áreas responsables de la seguridad ciudadana actuaran de inicio sin una estrategia concreta, con acciones y medidas improvisadas, que no han logrado responder de manera integral a la preocupación ciudadana, que requiere soluciones estructurales y permanentes.
La inseguridad ciudadana en la República Dominicana no puede enfrentarse con acciones y respuestas coyunturales, el país necesita una política de seguridad con objetivos claros, planificación y continuidad, que no se limite a reaccionar ante los delitos una vez ocurridos. Reducir la inseguridad exige actuar sobre sus causas, fortalecer la Policía y la Justicia, combatir el crimen organizado, prevenir la violencia y crear oportunidades para los sectores más vulnerables.
Mucha razón a tenido el secretario de seguridad y defensa del PLD Sigfrido Pared Pérez, al afirmar en un programa de televisión, que los planes de seguridad del actual gobierno han fracasado debido a una falta de visión institucional y que la reforma de la policía también ha fracasado por la importación de asesores que, si bien sus aportes son importantes, no responden a la Genesis particular del organismo policial y son un desprecio al talento nacional.
Pared Pérez agrego que, “En lugar de consolidar un proceso gradual que aprovechara el criterio de oficiales capacitados –tanto activos como en retiro- para corregir las deficiencias históricas, el Poder Ejecutivo optó por una retórica de desmantelamiento total que terminó generando desmotivación y un marcado celo institucional dentro de las filas policiales”, recordó que la Policía Nacional posee raíces y antecedentes históricos específicos que exigen una adecuación progresiva y no la imposición lineal de esquemas extranjeros.
Asimismo, el secretario de Defensa y Seguridad del PLD criticó el enfoque desmedido en la formación académica universitaria como prioridad operativa, advirtiendo que la ciudadanía no necesita profesionales del derecho patrullando, sino agentes debidamente entrenados en técnicas de patrullaje, mediación y prevención del delito barrial. A su juicio, priorizar la titulación universitaria sobre la preparación técnica y el acercamiento comunitario desvirtúa el rol de la fuerza pública, dejando desprotegidas a las comunidades frente al auge de la delincuencia y la violencia cotidiana.
El gobierno del PRM y Luis Abinader han anunciado reformas y planes de seguridad, pero la ciudadanía necesita algo más que anuncios y respuestas coyunturales: necesita una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente. Una política de seguridad que actúa principalmente después de que ocurren los hechos corre el riesgo de convertirse en una sucesión de respuestas aisladas, sin atacar suficientemente las causas estructurales de la inseguridad.
La actual gestión ha mostrado supuestos resultados en algunos indicadores, pero no ha logrado responder de manera integral y profunda a la preocupación ciudadana por la inseguridad, Por eso, enfrentarla requiere una estrategia integral, una Policía profesional, una Justicia eficiente, prevención social, educación, empleo para los jóvenes y mayor control del crimen organizado.
El gobierno ha anunciado estadísticas en las cuales informa de una supuesta reducción de homicidios como un logro, sin embargo, la inseguridad ciudadana no puede medirse únicamente por la tasa de homicidios, también deben considerarse los robos, atracos, Violencia de género, delincuencia juvenil, tráfico de drogas, armas ilegales, extorsiones y la percepción de inseguridad que experimenta la población, para determinar si existe realmente una mejora integral de la seguridad ciudadana.
La realidad es que el gobierno del PRM ha sido incapaz en los 6 años de su gestión del Estado, de reducir con resultados concretos y de manera efectiva la inseguridad y atacar sus causas estructurales, la seguridad ciudadana no debe plantearse únicamente como «más policías y más cárceles». Una verdadera política de seguridad debe combinar: Prevención, Policía profesional, Justicia eficiente, Control del crimen organizado, Reforma penitenciaria y Desarrollo social.
la República Dominicana necesita una política de seguridad que combine firmeza frente al delito con prevención, institucionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. El objetivo no debe ser solamente disminuir las estadísticas de criminalidad, sino construir un Estado capaz de garantizar seguridad, justicia y confianza en sus instituciones, y en el respeto a la ley.
La seguridad ciudadana requiere algo más que aumentar la presencia policial, algo más que anuncios, declaraciones, estadísticas y respuestas coyunturales, necesita una transformación institucional capaz de combinar prevención, profesionalización, inteligencia, justicia, participación comunitaria y respeto a los derechos ciudadanos, una estrategia nacional coherente, preventiva y permanente.






