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Por Juan Octavio Ceballos Castillo | Después de la detención del presidente ilegítimo Nicolás Maduro Moro, se espera la recuperación económica y política de Venezuela; la cual pasa por la restauración del Sistema Democrático y la modernización de su Industria Petrolera. Naturalmente, los recursos naturales de esa nación deben estar en manos de los venezolanos. Ellos deben ser sus beneficiarios. Deben pagar el precio de la modernización, en caso de que por sí mismos no puedan hacerla; pero siempre bajo la dirección de los venezolanos. Cuando la Democracia y la ecuperación económica estén en marcha en esa nación suramericana, es posible que disminuya el interés del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en Nicolás Maduro; por tanto, pueden estar equivocados los que ahora están pensando que Maduro pasará el resto de su vida preso en los Estados Unidos.
No es fácilmente predecible el tiempo que durarán los funcionarios del actual gobierno venezolano al frente de la transición en ese país. Es probable que el gobierno de los Estados Unidos pronto se convenza de que la recuperación económica y la transición a la Democracia se hacen
con más facilidad y confianza dirigidas por los ganadores de las elecciones del 28 de julio del 2024; sobre todo cuando ya tengan el control de los militares y los grupos paramilitares armados que allí operan; y además el gobierno venezolano le haya concedido la participación en la
modernización de la Industria Petrolera y la comercialización del petróleo en las condiciones que exige.
Comparto la posición de las Naciones Unidas, la OEA y los gobiernos de muchos países en varios continentes, en el sentido de que la transición en Venezuela debe enmarcarse dentro del derecho internacional vigente. Más aún, es la responsabilidad del liderazgo de las naciones democráticas, sus instituciones y los propios pueblos, con énfasis en el de los Estados Unidos de Norteamérica, preservar, a cualquier precio, el derecho internacional imperante desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
