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Por: Luis García | Aunque las actuales autoridades se han especializado en negar toda cuestión que afecte la imagen de la administración del presidente Luis Abinader, esta vez no deberían pasar por alto la alerta que hace la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo a sus ciudadanos que vengan a República Dominicana, respecto a las tendencias delictivas en el país.
Según la legación diplomática, ha recibido informes periódicos de viajeros, incluyendo ciudadanos estadounidenses, a quienes drogaron, robaron o agredieron sexualmente, o ambas cosas; al punto que, en algunos casos, los agresores buscan a sus víctimas en aplicaciones de citas, bares y discotecas. Refiere que los ataques han ocurrido en viviendas privadas, como las de alquiler a corto plazo, en hoteles o moteles y sus alrededores.
La información resulta preocupante, debido a que hace conexión directa con una de las médulas principales de la economía como la industria turística. No extrañaría que la respuesta sea en el sentido de que se trata de informes rutinarios que suele compartir Estados Unidos de manera esporádica en todo el mundo para alertar a sus ciudadanos ante potenciales amenazas a la seguridad.
Esto así, porque desde el oficialismo existe el criterio de la minimización de todo aquello que, entiende, lesiona la imagen local o internacional de la administración del presidente Abinader. ¡Craso error! Ninguna política pública que parta desde la mentira tendrá éxito.
Conforme a cifras oficiales, el turismo en República Dominicana aporta el 8.3 % del producto interno bruto (PIB) cuando se consideran sus efectos directos; pero se eleva a 15.9 %, si se incluyen los indirectos e inducidos, lo que equivale a unos US$21,619 millones. Desafortunadamente, el principal enemigo de la industria turística radica en la inseguridad ciudadana, razón suficiente para que el Gobierno asuma la ineludible responsabilidad de garantizarla en todo momento.
Lo cierto es que la inseguridad ciudadana en la República Dominicana ha ido en escalada, al punto de encender las alarmas en amplios sectores de la sociedad y en actores internacionales. Y es en ese contexto que hay que ver la advertencia de la administración del presidente Donald Trump.
El fenómeno ha traspasado los cuadrantes de los barrios pobres del Gran Santo Domingo y de otras ciudades del país, irrumpiendo en los de las clases media y alta.
La visibilidad del problema coloca a la defensiva a las autoridades gubernamentales, dejándolas con poca posibilidad de reacción frente a una realidad de difícil manejo, debido a la complejidad que entraña. La situación se les complica más, porque la población exige la solución de lo que fue una de las principales promesas de campaña del oficialismo en 2020.
La salida ha sido la peor: la cacería de jóvenes en todo el territorio nacional, bajo la etiqueta de que se trata de delincuentes. Los asesinados por parte de la Policía Nacional en el último trimestre superan la centena, sin lograr una reducción significativa de la criminalidad.
El oficialismo sigue aferrado a la retórica; armando narrativas en torno a generar percepciones positivas frente a la inseguridad ciudadana, las cuales ya no le están ofreciendo los resultados esperados. La desventaja con el storytelling está en que se trata de una técnica comunicativa que también tiene límite, que se agota. Y cuando eso sucede, la sociedad demanda ir a la realidad concreta para que se procuren las soluciones que mejor convengan al interés nacional.
El combate al referido flagelo demanda la viabilización de una serie de políticas públicas que lleven bienestar a la población. Ahí radica la clave.
