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Por: Omar Diloné | La convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el este lunes
2 de noviembre, a los fines de continuar el proceso de selección de los seis magistrados
que integrarán la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, coloca nuevamente
en el centro del debate nacional un tema fundamental para la democracia dominicana: la
calidad, la independencia y el futuro de nuestro sistema de justicia.
No estamos simplemente ante la elección de nuevos jueces. Estamos ante la
oportunidad de fortalecer una institución cuya responsabilidad debe ser garantizar que la
Constitución y las leyes se apliquen sin privilegios, presiones, ni distinciones de ninguna
naturaleza. La selección de quienes integrarán la más alta instancia del Poder Judicial
debe responder a criterios de capacidad, trayectoria, integridad y méritos profesionales, y
no a cuotas partidarias, compromisos políticos o intereses empresariales. La justicia no
puede ser un espacio de distribución de influencias ni una institución subordinada a
quienes circunstancialmente ejercen el poder.
¨Una Suprema Corte de Justicia verdaderamente independiente es una
garantía para todos, especialmente para los ciudadanos que no tienen poder político
ni económico para defender sus derechos¨
Desde una perspectiva democrática y de oposición responsable, debemos advertir
sobre uno de los mayores peligros para la institucionalidad: la utilización del sistema
judicial como instrumento de confrontación política. No podemos permitir que los
tribunales sean utilizados para judicializar la política, perseguir adversarios o dirigir
actuaciones contra quienes representen una oposición al gobierno de turno. Tampoco
pueden existir directrices indebidas desde las estructuras de más alto mando judicial que
condicionen la actuación de los jueces inferiores o comprometan su libertad de decidir.
Esto no significa defender la impunidad ni pretender que los actores políticos estén por
encima de la ley. Todo aquel que incurra en una infracción debe responder ante la justicia
y recibir las sanciones que correspondan, siempre con respeto al debido proceso, la
presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías constitucionales. Lo que
no puede admitirse es que la persecución penal se convierta en una herramienta de
conveniencia partidaria o que se utilicen los tribunales para castigar adversarios.
Pero la transformación que necesita el Poder Judicial va mucho más allá de su
composición, también necesitamos una Suprema Corte de Justicia con visión de futuro,
capacidad de gestión y liderazgo para impulsar reformas que permitan superar las
debilidades estructurales de nuestro sistema. Es indispensable promover dentro sus
atribuciones constitucionales, iniciativas legislativas para actualizar el Código Civil, el
Código de Procedimiento Civil y otros instrumentos normativos que regulan las
distintas áreas del derecho. No podemos continuar con procedimientos que convierten
una demanda, una reclamación patrimonial o un conflicto entre ciudadanos en procesos
interminables. La justicia que llega demasiado tarde termina convirtiéndose, muchas
veces, en una forma de injusticia
