A través de miembros de sus comités Central y Político el Partido de la Liberación Dominicana ha expresado su disposición de cerrar fila junto a su gobierno ante los ataques y las presiones que le vienen haciendo sectores de la oposición y de la sociedad civil parapetados en los supuestos sobornos de la empresa transnacional Odebrecht.
En ningún caso se trata de justificar lo que puede haber de indebido en la aprobación de la oferta de la firma constructora. Nada de eso. De manera clara y ante el país, nuestro Comité Político ha fijado una posición sobre este asunto. Decidió, en ese sentido, exhortar al procurador general de la república a que profundice las investigaciones del caso.
De lo que debemos cuidarnos, en nuestra condición de sociedad organizada, como lo han expresado algunos de los dirigentes insinuados en esta nota editorial y reseñamos en otra página de esta edición, es de que este proceso sea llevado a la carrera sin respeto del debido proceso y, por ello, sin armar un caso lo suficientemente fuerte.
El Partido de la Liberación Dominicana ha sido la organización que más ha luchado por el adecentamiento moral de nuestra sociedad y el fortalecimiento de sus instituciones. Desde su fundación siempre ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción. Los mejores testimonios de lo que decimos se hallan precisamente en las páginas del vocero impreso de nuestro Comité Central, las que están a disposición del que quiera consultarlas en nuestro Centro de Documentación.
Pero si eso no fuera suficiente, los interesados no satisfechos lo podrían comprobar poniendo atención al trabajo hecho por los gobiernos del PLD y los resultados de ese esfuerzo en materia del adecentamiento de la justicia dominicana. Y no nos estamos refiriendo a adecentamiento en el aspecto material. Hablamos de la independencia de los jueces en sus actuaciones y el desarrollo de programas formativos. En los tiempos en que el Senado designaba a los miembros de la Suprema Corte de Justicia se producía un movimiento en cascada que tenía como resultado final el que las decisiones de muchos jueces estuvieran condicionadas al capricho y conveniencia de un cacique regional o nacional. Esa situación ha sido superada, a lo que se suma en beneficio de los jueces y su independencia una mayor estabilidad y seguridad en el cargo y una mejor calidad de vida.
Así se ha llegado a la experiencia, no vista antes, de que exfuncionarios de diferentes gobiernos y banqueros importantes hayan cumplido o estén cumpliendo condenas en nuestras cárceles.
La verdad de la verdad es que con los políticos, fundamentalmente con los dirigentes del PLD, y en ocasiones pese a algunos, el país ha avanzado en cuanto a la institucionalización de su quehacer judicial. ¿Qué el avance pudo ser mayor? ¿Qué todavía nos falta mucho por avanzar? Todo eso es cierto. Pero de que hemos avanzado, hemos avanzado. Y se ha llegado a un nivel sin retroceso que garantiza —y en el PLD echamos votos para que así sea— que el caso Odebrecht sea encarado con el rigor que amerita.
El PLD es una organización responsable. Así lo demuestra su historia. Cuando algunos compañeros se vieron involucrados en la muerte de un oficial durante una campaña electoral, la dirección del Partido de manera responsable los puso a disposición de la justicia; muy distinto a como han actuado otros en casos similares.
Cuando algunos de nuestros dirigentes del más alto nivel han sido invitados a declarar sobre algo, han acudido a declarar. No podemos proceder de otro modo porque en nuestra organización somos conscientes de la misión histórica para la que fue creada. Y esa misión, que es anhelo, propósito de amplios sectores del país que se identifican con nuestro partido, no se pondrá en juego por las dos o tres personas que puedan resultar involucradas en los mencionados sobornos.
El PLD no ha arriado la bandera de la lucha contra la corrupción; la seguimos enarbolando con dignidad y responsabilidad, y nos satisface que otros, aunque sea con cierto retraso, se hayan sumado a esta lucha. Con lo que nunca estaremos de acuerdo es con su politización y mucho menos con la judicialización de la política, como se ha hecho en otros países y pretenden algunos aquí.
