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Por: José Alexander Suero | El gobierno de Luis Abinader, durante su campaña electoral para lograr el apoyo del pueblo y alcanzar la victoria en las elecciones de 2020, fundamentó su discurso en cinco aspectos principales.
El primero fue crear en el electorado la percepción de que el Gobierno, el Congreso y la Justicia no funcionaban; que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habían sumergido al pueblo dominicano en la miseria y la desesperación, limitando el acceso a sus necesidades básicas.
El segundo consistió en hacerle entender al pueblo dominicano que el PLD había comprometido y continuaba comprometiendo económicamente a las futuras generaciones mediante la aprobación de préstamos internacionales que, según su discurso, solo servían para enriquecer a dirigentes y colaboradores de ese partido. Además, aseguró que esos préstamos nunca contaron con el apoyo del PRM y prometió excluir de las políticas públicas de su gobierno el endeudamiento externo.
El tercero fue denunciar que el gobierno no aplicaba la Ley de Hidrocarburos en beneficio del pueblo. Sostenía que cuando subía el precio del petróleo aumentaban los combustibles, pero cuando el petróleo bajaba los precios no disminuían porque el Gobierno hacía negocios con el dinero de la gente. Prometió que, al llegar al poder, no solo aplicaría responsablemente la ley vigente, sino que impulsaría una nueva Ley de Hidrocarburos con mayores garantías para los ciudadanos.
El cuarto planteó que el gobierno encabezado por el PLD contaba con el respaldo de los tres poderes del Estado y que, por tanto, el Estado dominicano administrado por ese partido quebraba empresas, cerraba negocios mediante presiones tributarias e imponía nuevos impuestos. En contraste, prometía una nueva visión tributaria basada en la reducción o eliminación de impuestos para dinamizar la economía, aumentar la recaudación y convertir al Gobierno en un verdadero aliado del progreso de los contribuyentes.
El quinto consistió en venderle al país la idea de que el PLD había saqueado por completo el presupuesto nacional y encabezaba el gobierno más corrupto de la historia de la República Dominicana, con el supuesto respaldo del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia.
Cuando hablamos de combustibles, debemos recordar que durante los gobiernos del PLD la gasolina nunca superó los 240 pesos por galón, aun cuando en ocasiones el barril de petróleo alcanzó los 147 dólares. En cambio, este gobierno nunca ha enfrentado precios superiores a 120 dólares por barril y, sin embargo, con un petróleo que ronda los 70 dólares, el galón de gasolina supera los 340 pesos. Se cumple así y se supera aquella afirmación realizada en campaña por Faride Raful y la hoy primera dama: «Prepárense para comprar la gasolina a 300 pesos», aunque se suponía que eso ocurriría en un gobierno del PLD. Peor aún, seis años después, cuando originalmente fue elegido para gobernar cuatro años, el presidente todavía no ha promulgado la nueva Ley de Hidrocarburos que prometió, y desde el Ministerio de Industria y Comercio, encabezado por Víctor «Ito» Bisonó, nunca se aplicó la fórmula que en campaña defendían.
Si evaluamos al gobierno instalado en agosto de 2020 en materia de bienestar, estabilidad económica y acceso a la canasta familiar, podemos concluir que no solo no mejoró la situación, sino que esta empeoró. Los productos de primera necesidad cuestan hoy prácticamente el doble de lo que costaban en agosto de 2020, lo que, a mi juicio, evidencia una administración ineficiente.
En cuanto a la deuda externa, la realidad resulta aún más alarmante. En estos últimos años se han aprobado más préstamos que los aprobados desde la fundación de la República hasta agosto de 2020, período que, además, enfrentó el momento más difícil de la pandemia del COVID-19. Esa realidad, desde mi punto de vista, desautoriza moralmente al
