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Por: Carlos Manzano | En toda sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática, la
justicia debe estar por encima de cualquier pacto político o conveniencia
coyuntural.
Sin embargo, en nuestro país hemos visto repetirse un patrón
preocupante: cada vez que se destapan escándalos de corrupción, delitos
económicos, o violaciones graves a los derechos ciudadanos, surgen
voces que llaman a la “negociación” en nombre de un supuesto ¨criterio
de oportunidad¨ o ¨colaboración eficaz¨
En verdad, debe llamarnos a preocupación este vendaval de
impunidades disfrazadas de ¨negociaciones¨ que viene llevando a cabo
desde hace unos años el Ministerio Público en República Dominicana.
Aceptar la impunidad como moneda de cambio es, en el fondo, una
claudicación moral. Significa decirle a la ciudadanía que el sacrificio
honesto no tiene recompensa y que la corrupción administrativa puede
ser rentable.
No se puede combatir la corrupción pactando con los corruptos. Más bien,
lo que se envía al pueblo es un mensaje de impunidad: que robar no tiene
consecuencias, que al final todo se resuelve con negociaciones y favores.
La corrupción no se negocia, se sanciona. La corrupción no se
premia con acuerdos, se castiga con cárcel y con la devolución de lo
robado al pueblo dominicano.
Hoy le decimos al pueblo dominicano: no podemos quedarnos de
brazos cruzados mientras se negocia con quienes saquearon el Estado. La
lucha contra la corrupción debe ser frontal, sin excepciones y sin
privilegios.
Con la institucionalización de esos ¨acuerdos¨, se envía una señal
terrible: roben, pero sean lo suficientemente poderosos como para
negociar; admitan el delito, pero sólo paguen parte del botín, sin castigo
real. Esto corroe la fe ciudadana en el Estado de derecho.
La impunidad no puede ser negociada. Recuperar miles de millones
no debería sustituir la aplicación de sanciones penales, ni suprimir el
juicio público y transparente que confronte la corrupción.
Se devuelve una parte de lo apropiado, pero se queda con la mayor
parte, sin enfrentar las consecuencias que cualquier ciudadano común
sufriría por delitos de menor magnitud.
La sociedad debe reclamar que este tipo de acuerdos no se
conviertan en la regla. La democracia dominicana se debilita cuando se
sustituyen condenas por convenios, cuando la verdad se oculta tras
pactos administrativos y cuando se sacrifica la transparencia por
negociaciones.
El pueblo dominicano merece ver que quienes violan la ley paguen
las consecuencias de manera real y proporcional al daño causado. De lo
contrario, se perpetúa el círculo de desconfianza, cinismo y
desmoralización que tanto lacera nuestra vida pública.
