|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por: Carlos Manzano | Desde el momento mismo en que inició su gestión el presente
gobierno, la reforma policial se ha querido presentar como uno de sus
grandes logros y principal estandarte.
Se han anunciado transformaciones profundas, se han contratado
asesores nacionales e internacionales, se crearon comisiones, se
celebraron foros y se destinaron miles de millones de pesos del
presupuesto nacional con la promesa de construir una Policía Nacional
moderna, profesional, eficiente y respetuosa de los derechos
ciudadanos.
Sin embargo, la realidad que viven los dominicanos cuenta una
historia muy distinta.
La reciente muerte del joven Darlin Mercado en Herrera ha vuelto
a sacudir la conciencia nacional y a desnudar una verdad que el
Gobierno intenta ocultar bajo una intensa campaña de comunicación: la
reforma policial no ha producido los resultados prometidos, a pesar de
los miles de millones ($) destinados para tales fines.
Cuando después de tantos recursos invertidos continúan
ocurriendo hechos que cuestionan el uso de la fuerza, el respeto al
debido proceso y la capacidad institucional para garantizar la seguridad
ciudadana, es evidente que el problema no es de percepción, es un
problema de gestión, de ejecución y de liderazgo.
El Gobierno ha preferido vender una imagen de transformación
antes que presentar resultados medibles. Ha invertido más tiempo en
construir un relato que en garantizar que los cambios lleguen a las
calles, donde los ciudadanos siguen sintiendo miedo, incertidumbre y
desconfianza.
No podemos, bajo ningún concepto, pretender sustituir los
procedimientos policiales por procesos de ejecución. Este principio no
admite matices ni justificaciones.
La Policía Nacional existe para prevenir el delito, proteger a la
ciudadanía, capturar a quienes infringen la ley y ponerlos a disposición
de la justicia. Cuando un Estado permite que ese límite se desdibuje,
también pone en riesgo los fundamentos del Estado de derecho y de la
democracia.
Combatir la delincuencia exige firmeza, pero nunca al margen de
la Constitución ni de las leyes. Un gobierno responsable no puede medir
el éxito de su política de seguridad por la cantidad de operativos o por
las estadísticas que presenta semanalmente.
Debe hacerlo por la confianza que inspire en la población, por la
profesionalización de sus agentes y por el respeto irrestricto a los
derechos fundamentales.
La muerte del joven Darlin Mercado no puede convertirse en una
estadística más ni en un episodio pasajero. Debe servir para evaluar con
objetividad una reforma policial que, pese a los recursos invertidos,
continúa sin ofrecer las garantías que demanda la sociedad dominicana.
El país merece mucho más que discursos optimistas y campañas
publicitarias.
Los dominicanos necesitan una reforma policial que produzca
resultados reales; instituciones que funcionen con eficiencia y
transparencia; agentes comprometidos con el cumplimiento de la ley y
un Gobierno que entienda que la confianza ciudadana no se compra con
propaganda, sino que se conquista con hechos.
Después de miles de millones invertidos, la pregunta sigue siendo
la misma: ¿dónde están los resultados?
Esa es la interrogante que el Gobierno aún no ha podido
responder de manera convincente. Y mientras no pueda hacerlo con
hechos verificables y no con discursos, la reforma policial continuará
siendo el ejemplo más evidente de una promesa que consumió enormes
recursos públicos sin traducirse en la transformación que esperaba el
pueblo dominicano.
