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Por: Carlos Manzano | Las carreteras de la República Dominicana reflejan una realidad que merece una seria reflexión. Cada vez es más frecuente observar motociclistas desplazándose por autopistas y carreteras nacionales a velocidades extremadamente altas, incluso cercanas a los 200 kilómetros por hora, recorriendo largas distancias sin que, aparentemente, exista una fiscalización efectiva por parte de las autoridades competentes.
Esta situación no solo representa un grave riesgo para la seguridad vial, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para ejercer autoridad y garantizar el cumplimiento de la ley.
La seguridad en las carreteras no debe medirse únicamente por el número de accidentes, sino también por la eficacia de los mecanismos de supervisión y control.
El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes fatales. Quien conduce una motocicleta de manera temeraria pone en peligro su propia vida y la de los demás usuarios de las vías públicas.
Pero la preocupación va más allá del tránsito. La ausencia de controles permanentes puede crear vulnerabilidades aprovechables por personas dedicadas a actividades ilícitas.
Cuando un vehículo puede recorrer grandes distancias con escasas probabilidades de ser fiscalizado, aumenta el riesgo de que sea utilizado para transportar unos que otros objetos controlados, armas de fuego ilegales, sustancias prohibidas, mercancías de contrabando.
No se trata de afirmar, en modo alguno, que quienes participan en estos recorridos estén vinculados al delito, sino de reconocer que toda debilidad en la vigilancia puede ser aprovechada por quienes están prestos a operar al margen de la ley.
También preocupa la percepción de que algunos grupos organizados de motociclistas, amparados en su pertenencia a clubes o asociaciones de motociclismo, actúan como si estuvieran exentos de los controles aplicables al resto de los ciudadanos.
Pertenecer a un club, por reconocido que sea, no puede convertirse en un privilegio para exceder los límites de velocidad o quedar al margen de la fiscalización. En un Estado de derecho, la ley debe aplicarse por igual a todos.
Resulta difícil comprender cómo caravanas de motociclistas pueden recorrer cientos de kilómetros a velocidades tan elevadas sin ser detenidas para verificar documentos, controlar el cumplimiento de las normas o realizar inspecciones preventivas. Esa ausencia de controles genera una preocupante percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones.
No se trata de estigmatizar a los motociclistas. La inmensa mayoría son ciudadanos responsables que utilizan ese medio de transporte para trabajar, desplazarse o divertirse. Lo que se cuestiona es la insuficiente fiscalización frente a quienes incumplen la ley y la necesidad de cerrar cualquier brecha que pueda ser aprovechada con fines ilícitos.
Fortalecer la vigilancia en las carreteras significa proteger la vida, hacer cumplir las normas y reducir los espacios para la impunidad.
Ha llegado el momento de revisar los protocolos de supervisión, incrementar la presencia preventiva de las autoridades, utilizar tecnologías para controlar el exceso de velocidad y desarrollar operativos permanentes dentro del marco de la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales.
La seguridad de los dominicanos exige una respuesta firme, preventiva y permanente. Las carreteras deben seguir siendo espacios de libre circulación, pero nunca lugares donde la autoridad desaparezca y la ley deje de hacerse sentir.
Porque un Estado fuerte no es el que actúa solo después de los hechos, sino el que previene, fiscaliza y protege a sus ciudadanos antes de que los riesgos se conviertan en tragedias y lamentos.
