No corrompamos la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción es legítima y correcta. Nadie que quiera lo mejor para nuestro país puede oponerse o impugnar de algún modo el desarrollo de este tipo de lucha. Los beneficios que reporta para el cuerpo social dominicano son de variados alcances y naturaleza. De tipo económico, por ejemplo, el cortar de un tajo este flagelo histórico entre nosotros, motivaría que se disponga de más recursos para sectores como salud, educación, judicial, agropecuario. De tipo ético y moral: podríamos empezar a crear las condiciones para que las futuras generaciones no vean a esta especie de plaga social como algo tan natural, y se revierta, ¡por fin!, la situación de que el no ser corrupto —lo que comprende tanto al sector oficial como al público— es visto como una excepción.

Con ese alcance y con ese espíritu, en el PLD siempre hemos apoyado ese tipo de lucha. Lo que no compartimos es su banalización y el que se la tome para acusar sin fundamento, solo con el propósito de lograr ascenso político sobre la base de pisotear honra y nombres bien ganados. Tampoco con que se la lleve a cabo sin el respeto de los procesos establecidos en nuestras legislaciones. No estamos de acuerdo, en fin, con que la lucha contra la corrupción corrompa nuestro aparato jurídico y la fe que alberga gran parte de la población en que se ponga fin a tan deleznable práctica.

Estas reflexiones son pertinentes ahora que se ha anunciado para los próximos días la identificación de las personas que supuestamente recibieron sobornos para la aprobación o el impulso de obras construidas en el país por la empresa internacional Odebrecht, y cuyos nombres fueron mencionados en el proceso que se sigue en Brasil.
Independientemente del partido al que pertenezcan o de la actividad a que se dediquen quienes resulten imputados tienen derecho, conforme el artículo 69 de nuestra Constitución, a una tutela judicial efectiva y al debido proceso. De manera literal, el mencionado artículo expresa:

“Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación…” y expresa en el literal 3 de ese artículo que toda persona imputada tiene “el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”.

Si bien es cierto que la presunción de inocencia no elimina la presunción de culpabilidad que ya muchos han asumido en el ejercicio también de sus derechos, no menos lo es que el fardo de la prueba es responsabilidad de la parte acusadora. Será el Ministerio Público el que deberá quebrar la presunción de inocencia de quienes resulten comprometidos en los expedientes que serán pronto conocidos. Y no puede ser de otro modo, porque como hemos visto en el citado texto constitucional la presunción de inocencia es un estado existente previo al proceso y durante su desarrollo, hasta que una sentencia con carácter de irrevocable decida lo contrario.

Es bueno que esto se tenga en cuenta, ahora que las redes sociales, algunos programas de televisión y algunas páginas de periódicos se han convertido de manera alegre —¿y por qué no?, hasta irresponsables— en paredones morales.