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Por: Martín Matos | En la República Dominicana existe una práctica habitual en el manejo de las empresas públicas: cuando las autoridades empiezan a ajustar las metodologías de cálculo, modificar registros financieros de años anteriores e insistir en que el déficit resulta insostenible, la transacción ya se gestiona en los despachos oficiales.
En los últimos meses presenciamos un fenómeno estadístico revelador. Quienes seguimos de cerca la evolución del sector eléctrico notamos la discrepancia: las series históricas de pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs) publicadas por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) —con datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM)— presentaron una modificación metodológica.
Al cambiar el denominador para calcular la energía no cobrada y redistribuir los porcentajes sobre la energía comprada, las pérdidas totales históricas cayeron en el papel entre 1.5 y 4 puntos porcentuales para períodos pasados. Sin embargo, la realidad diaria en las comunidades permanece sin cambios: el 39.1% de la energía comprada por las EDEs se pierde antes de facturarse, y las pérdidas totales consolidadas llegan al 43.5%.
Corresponde preguntarnos: ¿por qué realizar este ajuste ahora? ¿A qué responde el afán de reordenar las cifras de los últimos 15 años de manera repentina?
El esquema de la transferencia
Este proceso responde a pasos conocidos en los procesos de privatización de la región:
1. La parálisis tarifaria como recurso: Se mantiene congelada la tarifa eléctrica desde 2022 con el argumento de proteger a la población ante la inflación. Al mismo tiempo, esa misma falta de ajuste eleva el déficit operativo a montos elevados.
2. El discurso de la ineficiencia estatal: Al proyectar un déficit eléctrico de RD$ 118,000 millones para 2026 (equivalente al 1.3% del PIB y al 41.4% del déficit presupuestario), sectores afines al oficialismo promueven la noción de que la administración pública carece de capacidad gerencial y que las EDEs representan un gasto sin retorno.
3. La adecuación técnica internacional: Se estandarizan y ajustan los indicadores para adaptarlos a los esquemas de valoración de activos (due diligence) requeridos por firmas de consultoría e inversión privada. La venta de un activo estatal exige presentar la información contable bajo criterios homologados.
¿Reforma o cesión del patrimonio público?
Las deficiencias operativas de las EDEs y el sesgo partidario en su gestión requieren corrección. Sin embargo, la respuesta a la falta de gestión de las autoridades no debe ser la transferencia del monopolio de la distribución a grupos corporativos privados mediante Alianzas Público-Privadas (APP) o contratos de concesión.
El país atravesó una experiencia de costo elevado en los años noventa con el proceso de recapitalización. Las ofertas de eficiencia terminaron en suspensiones del servicio por razones financieras, incrementos de tarifa y un Estado que asumió las deudas mientras los administradores privados concentraban los retornos.
El panorama actual sugiere un esquema similar. Al postergar el mantenimiento de las redes de distribución, reducir la adquisición de medidores y descuidar la facturación, el deterioro acumulado genera un nivel de interrupción en el servicio que lleva a la población a aceptar la entrada de operadores privados como única opción disponible.
Exigencia de gestión y control del sistema
La defensa del interés nacional requiere preservar los bienes públicos y exigir transparencia. Existen alternativas técnicas que no implican la entrega del patrimonio estatal:
● Destinar recursos efectivos a la telemedición y a la rehabilitación de redes, evitando la desviación de fondos hacia nóminas partidarias y contrataciones de asesoría externa.
● Aplicar el marco legal sancionador contra el fraude eléctrico en todos los niveles, persiguiendo tanto las conexiones irregulares en sectores de bajos ingresos como la evasión en grandes consumos comerciales e industriales.
● Otorgar carácter técnico y profesional a la administración de las EDEs, desligando su estructura de compromisos de campaña política.
El suministro eléctrico constituye un servicio público básico y un soporte directo para el desarrollo productivo, la educación y la actividad industrial del país. Las modificaciones en el registro de pérdidas trascienden lo estadístico y marcan el inicio de una reestructuración de propiedad.
Corresponde a los sectores técnicos, la ciudadanía y las organizaciones independientes mantener el seguimiento a estas decisiones para evitar que los recursos colectivos pasen a control privado en condiciones desfavorables para el Estado.
