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Por: Luis García | La sociedad dominicana ha entrado en pánico tras el saldo trágico dejado por el reciente enfrentamiento a tiros entre bandas de delincuentes en Boca Chica, uno de los sitios emblemáticos del turismo nacional e internacional.
El temor de la población es justificado, a partir de imágenes que han salido a la luz pública y que muestran a jóvenes adultos y adolescentes exhibiendo armas de fuego, algunas largas y automáticas, con las que cometen diversos tipos de fechorías, incluyendo actos criminales como asesinatos, asaltos y atracos a personas y establecimientos comerciales.
Las escenas parecen realizaciones para el séptimo arte, pero, desafortunadamente, son parte de República Dominicana, del “underground” que las autoridades oficiales no incorporan en sus habituales retóricas de “Alicia en el país de la maravilla”, las cuales, gracias al erario, ponen a circular profusamente en medios de comunicación y plataformas digitales.
La Policía Nacional ha respondido al acontecimiento de Boca Chica con una cacería humana de jóvenes residentes en el Gran Santo Domingo. La mayoría de ellos no había llegado ni siquiera a la adolescencia cuando, hace poco más de seis años, el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumieron la dirección del Estado. Detrás de eso, la realidad es que han fracasado las políticas públicas puestas en ejecución por las autoridades gubernamentales.
En primer lugar, una de las principales aspiraciones del pueblo dominicano, que es la seguridad ciudadana, ha quedado en retórica, por no decir en una mentira. No se habla de la verdadera realidad de lo que está pasando.
El maquillaje de datos ha sido la práctica gubernamental. Se ha dicho que la tasa de homicidio ha descendido hasta colocarse en el 7.3 % por cada 100,000 habitantes, cuando la realidad es otra.
En contraste, los medios de comunicación no dejaron de reportar homicidios, asaltos violentos o hechos criminales de alto impacto, lo que alimentó una percepción persistente de inseguridad y desmintió, en el plano social, la idea de una mejora sostenida.
El llamado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se ha quedado en tinta y papel, si es que existe, porque resulta desconocido para la población. Existe la legítima sospecha que se ha invertido una altísima suma del presupuesto nacional que no ha dado resultado positivo.
Mientras que, por otra parte, han faltado políticas públicas integrales destinadas a los jóvenes que fomenten el empleo, la educación de calidad, disminuyan la exclusión social y ofrezcan otras oportunidades que les abran caminos de esperanza.
Las cifras sin maquillajes evidencian que la tasa de desocupación juvenil hasta los 24 años alcanza el 12.8 %, una cifra que aumenta aún más al 17.7 % en el caso de las mujeres jóvenes. Este último fenómeno se mezcla con las ausencias de políticas públicas de los embarazos a temprana edad. Otro dato preocupante radica en que un 53 % de las víctimas de asesinatos en el país ha sido generalmente a jóvenes de entre 15 y 34 años; y una de cada cuatro adolescentes ha sufrido y sufrido violencias tanto físicas como sexual por parte de sus parejas sentimentales.
Este panorama demanda la adopción de una Estrategia Nacional de Juventud con metas claras que incluya políticas de empleo juvenil, creación de una red nacional de cuidados, programas de reenganche educativo y laboral, apoyo real a emprendedores jóvenes, ampliación de becas, atención integral a la salud mental, así como también un seguimiento a la gestión de estancias infantiles.
La persistencia del fracaso de las políticas públicas se replicará en nuevos acontecimientos como el de Boca Chica.






